Un juez federal de Massachusetts ordenó al Gobierno del expresidente Donald Trump facilitar el regreso a Estados Unidos de un guatemalteco deportado a México, cuya vida corría peligro por su orientación sexual. La expulsión fue ejecutada pese a una resolución previa que le otorgaba protección humanitaria, violando su derecho a permanecer en el país.
La víctima, identificada únicamente con las iniciales O.C.G., forma parte de una demanda colectiva presentada por cuatro migrantes que alegan haber sido expulsados sin poder impugnar el proceso, a pesar de enfrentar riesgo de persecución, tortura o muerte en sus países de origen o en los destinos alternativos a los que fueron enviados.
Un regreso obligado tras violación judicial
El juez Brian Murphy emitió el fallo el viernes pasado, indicando que el Gobierno de Trump incurrió en un error al deportar a O.C.G.. La decisión judicial previa, emitida en febrero, había concedido un bloqueo de expulsión, al considerar que la deportación a Guatemala o México ponía al solicitante en grave riesgo, debido a que había sido víctima de violación y hostigamiento por su condición de homosexual.
“El gobierno debe tomar todas las medidas inmediatas, incluida la coordinación con los abogados de los demandantes, para facilitar el regreso de O.C.G. a Estados Unidos”, ordenó el magistrado Murphy.
Reincidencia en deportaciones ilegales
Este no es el primer caso en que el gobierno de Trump desobedece decisiones judiciales en materia migratoria. El mismo juez Murphy bloqueó previamente la deportación de ocho migrantes —incluidos cubanos, un mexicano y un salvadoreño— hacia Sudán del Sur, pero la administración permitió el despegue de un avión con los deportados, que según informes, continúan bajo custodia en Yibuti.
Casos similares involucran a Kilmar Ábrego García, deportado a El Salvador a pesar de contar con medidas de protección, y a Daniel Lozano Camargo, ciudadano venezolano cuya expulsión violó normas judiciales específicas que amparaban a migrantes llegados a EE.UU. como menores de edad.
Controversial uso de la ley de Enemigos Extranjeros
En ambos casos, el Gobierno Trump justificó las deportaciones invocando la ley de Enemigos Extranjeros, una norma de 1917 utilizada durante la Segunda Guerra Mundial. Esta legislación ha sido reactivada por la administración para expulsar sumariamente a migrantes bajo el argumento de combatir organizaciones criminales internacionales como el Tren de Aragua.
